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Encarcelar a científicos y científicas no frenará el calentamiento climático
Manifiesto de apoyo a la Rebelión Científica contra la inacción climática
Fernando Valladares, Agnès Delage y Alberto Coronel
Esta semana empiezan a declarar en los juzgados los 15 científicos y científicas españolas imputadas por la concentración pacífica que realizaron en abril del año pasado a las puertas del Congreso de los Diputados para denunciar la inacción climática de los Gobiernos. El juicio está en fase de instrucción, pero se esperan acusaciones graves que podrían acarrear penas de prisión.
El pasado marzo de 2022, más de 4500 personas firmaron un llamamiento de la comunidad científica titulado Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática. Expresaron así su apoyo público a las primeras acciones de desobediencia civil científica coordinadas por el colectivo Rebelión Científica en más de 25 países. El objetivo era alertar sobre la extrema gravedad de la crisis climática, la cual nos encamina a gran velocidad hacia “una senda suicida para la humanidad”, en palabras del secretario general de la ONU.
Entre las acciones noviolentas llevadas a cabo por el colectivo Rebelión Científica se encuentra una protesta pacífica ante el Congreso de los Diputados de Madrid el pasado 6 de abril de 2022. Durante esta acción que tuvo un impacto mediático internacional, decenas de científicos y científicas con sus batas blancas mancharon de rojo las columnas de la fachada principal del Parlamento con el propósito de visibilizar con el color de la sangre, “la dimensión criminal de la inacción climática de los gobiernos”. Al tratarse de un líquido biodegradable que se quita simplemente con agua, no se produjo daño alguno en el edificio.
La acción se hizo coincidir con la publicación de la tercera parte del sexto informe del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático). Esta semana, las conclusiones definitivas y la síntesis global de las casi 10.000 páginas de este informe se acaban de presentar en Suiza como una verdadera “guía para la supervivencia de la humanidad” según A. Guterres. Estas recomendaciones de la ciencia deben orientar la “acción efectiva, acelerada y equitativa” que permita a la humanidad adaptarse a la mayor amenaza que conoció a lo largo de la historia. Pero en la última década, las emisiones de efecto invernadero, lejos de estar reduciéndose de la forma urgente y drástica que la ciencia reclama, dibujan unos escenarios aún peores que los contemplados por los modelos.
Desobediencia civil
Tanto en el Congreso de los Diputados como en los platós de televisión se cuestionó la efectividad de la desobediencia civil de la comunidad científica, preguntándose si las científicas y los científicos no tenían otras maneras de hacerse oír. La comunidad científica lleva décadas de investigaciones, informes, alertas, divulgación y cartas abiertas que han sido ignoradas. Por ello, desde el movimiento Rebelión Científica, los investigadores han decidido asumir la responsabilidad de dirigirse directamente a la ciudadanía, saliendo de sus laboratorios y cumpliendo con un necesario deber de desobediencia civil. Los científicos más eminentes del planeta consideran que ya no pueden limitarse a seguir documentando la catástrofe en curso y midiendo cómo se está cerrando la ventada para asegurar un futuro habitable.
Bruce Glavovic, coordinador del II capítulo del IPCC, incluso publicó un llamamiento a toda la comunidad científica internacional instándola a dejar de producir informes. “Pedimos que se detengan más evaluaciones del IPCC […] hasta que los gobiernos estén dispuestos a cumplir con sus responsabilidades de buena fe y movilicen con urgencia una acción coordinada desde el nivel local al global”.
Criminalización de la ciencia
En España, como en el conjunto de los países europeos, la opinión pública confía plenamente en el compromiso de la ciencia contra la inacción climática como lo demuestra una encuesta reciente. Por eso, la imputación de delitos graves contra 15 científicas y científicos que arrojaron líquido rojo el pasado 6 de abril sin daño material alguno significa una inédita e injustificable criminalización de la ciencia que agrava la pérdida de confianza entre la comunidad científica y el actual gobierno. A esto, se le suma el reciente escándalo derivado de la infiltración de una policía nacional en los movimientos ecologistas noviolentos.
Ante la extrema gravedad de la situación, el movimiento Rebelión Científica está ampliando la movilización en la comunidad científica internacional e insiste en que las acciones de desobediencia civil noviolenta forman parte del ADN histórico de la ciencia comprometida con la sociedad. Ni es terrorismo, ni es extremismo, porque sabiendo lo que saben, la rebelión ciudadana es la obligación moral de todos los científicos, como afirmó James Hansen, reconocido climatólogo de referencia que fue director de estudios en la NASA, Premio BBVA Fronteras del Conocimiento y que también fue arrestado una decena de veces por sus acciones de protesta. Es más, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature, la desobediencia civil de la comunidad científica es una forma muy efectiva de generar presión para promover la acción climática más urgente.
Puntos de no retorno
El cambio climático ya no es parte de un futuro lejano. El último informe del IPCC demuestra que ya estamos atravesando la sexta gran extinción masiva de las especies; el planeta está cerca de rebasar cinco de los dieciséis puntos de no retorno climático, y su temperatura media superará el umbral de los 1,5ºC en algún momento de los próximos diez años. Una consecuencia será el aumento de la frecuencia con la que se dan los fenómenos meteorológicos extremos. Todo ello afectará negativamente a la vida de miles de millones de personas en las próximas décadas. Y no sólo en los países pobres, aunque éstos sean los más vulnerables a los cambios planetarios que no han ayudado a producir. Ya vemos las consecuencias de la peor sequía del siglo en Cataluña con restricciones de agua que afectan a más de 6 millones de personas.
Ante la urgencia de una acción climática a gran escala, 15 personas del colectivo Rebelión Científica España están actualmente imputadas y dependen del apoyo de toda la sociedad y de las instituciones científicas españolas para poder continuar exigiendo a todos los partidos políticos un compromiso claro contra la crisis climática en sus programas. Esto no pasa por limitarla democracia, sino por aumentarla. Sólo democratizando la acción climática e integrando las recomendaciones científicas en la agenda de todos los programas políticos será posible evitar los peores escenarios de la catástrofe en marcha.
Recogida de firmas a favor del manifiesto y primeros firmantes:
Marta Rivera Ferre (CSIC-UPV) Doctora en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Fernando Valladares (CSIC) Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Carmen Madorrán Ayerra, doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.
José Esquinas, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid.
Justyna Świdrak, doctora en Psicología, Fundació de Recerca Clínic Barcelona-IDIBAPS.
Alberto Coronel Tarancón, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.
Agnès Delage Amat, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Montpellier.
Aurelio Carnero Rosell, doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid.
José Javier González de Alaiza Cardona, doctor en Derecho por la Universitat de les Illes Balears.
Adán Abajo Chic, doctor en Biología por la Universidad de Oviedo.
Jorge Hernández Bernal, doctor en Física por la Universidad del País Vasco.
David Sevilla González, doctor en Matemáticas y profesor en la Universidad de Extremadura.
Antonio Campillo, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia.
Joan Benach de Rovira, doctor en Sociología de la Universidad Pompeu Fabra
Emilio Santiago Muíño, doctor en Antropología social y Científico Titular del CSIC.
José Sarrión Andaluz, profesor de Filosofía en la Universidad de Salamanca.
Marta Tafalla, profesora de filosofía en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Joan Vergés Gifra, profesor de Filosofía Moral y Política, Universidad de Girona.
Asier Arias Domínguez, profesor de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense.
Agustín Velloso Santisteban, profesor de Filosofía de la UNED.
Joaquín Valdivielso Navarro, profesor de Filosofía en la Universitat de les Illes Balears.
José Luis Albelda Raga, Codirector del Máster de Humanidades Ecológicas de la Universitat Politècnica de València.
Pere Roura Grabulosa, profesor emérito de física de la Universitat de Girona.
Antonio Serrano Rodríguez, Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio.
Violeta Hevia Martín, profesora de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Luis Lloredo Alix, profesor de Filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
